La investigación de los fiscales que llevó al arresto del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, encontro en el proceso vínculos con otros consorciados en actos de corrupción que ahora les son imputados, desvelándose los métodos utilizados para la planificación y ejecución de delitos que las autoridades afirman les permitió robar miles de millones de pesos del Estado.
Sobresale un triángulo de influencia formado por Freddy Hidalgo, Alexis Medina Sánchez y Juan Esteban Suriel Suazo. Estos, según la Procuraduría, tenían las “llaves” para quedarse con miles de millones de pesos del erario público a través de las operaciones ilícitas que manejaba un conglomerado encabezado por el hermano del expresidente Danilo Medina.
La Procuraduría General de la República (PGR) reveló ayer cómo el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, llevaba a cabo sus aparentes actos ilegales durante el tiempo que ocupó el puesto, y sus vínculos con Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina.
En la orden de allanamiento en contra de Hidalgo, obtenida por LISTÍN DIARIO, la Procuraduría establece que este exfuncionario, supuestamente, “benefició con pagos de miles de millones de pesos del Estado” a un conglomerado encabezado por Alexis Medina.
Asimismo, en ese documento se especifica que el pasado titular del Ministerio de Salud Pública autorizó estas transacciones aun conociendo que no solo rompían con el reglamento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), sino que, igualmente, no cumplía con los servicios contratados.
Sobre los presuntos actos ilegales cometidos por Hidalgo, la Procuraduría lo acusa de quebrantar la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, señalando las compras de los kits preventivos para la Semana Santa del año 2013.
Según la Procuraduría, esa compra generó dos órdenes a favor del grupo de Alexis Medina, una por RD$5,657,305 y otra por RD$12,752,997, que no estaban presupuestadas en el Plan Anual de Compras de ese año y tampoco constituían una “urgencia comprobable”.
Por igual, Fermín le habría solicitado a Hidalgo que le conceda una resolución “para otra compra”, aunque tenía conocimiento de que en el decreto 608-12 le transfirió el poder adquisitivo de insumos médicos al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).
A pesar de esto, Salud Pública emitió en marzo de 2013 una resolución declarando la compra pedida por Fermín como “urgente”.
Sumado a todo lo anterior, la PGR acusa de romper leyes a los imputados en el caso de generar más de 49 millones de pesos mediante estas maniobras ilegales, explotando el programa de medicamentos protegidos.
“Esos antiguos funcionarios, hoy investigados, se prevalecieron del programa de medicamentos protegidos para infiltrar entre las compras de dicho programa ‘especial’ varias órdenes de compra por el monto total de RD$49,616,273.13 para ser usado en el operativo de la Semana Santa 2013”, leía parte del documento.
Esta solicitud fue catalogada como emergencia por lo que Salud Pública inició un proceso de compra de urgencia para obtener dos millones de este medicamento, que fue aprobada días después, por la suma de 43 millones de pesos.
Sin embargo, expedientes suministrados al Ministerio Público por el entonces director financiero de Salud Pública, Carlos Justo Trinidad, indican que el plazo para presentar las ofertas estaba pautado para iniciar 25 de septiembre de ese año.
“Todas esas medidas fraudulentas fraguaron el libramiento del pago por el monto bruto de RD$43,000,000 a favor de la empresa General Medical Solutions, previa a la autorización, suscrito por la doctora Mercedes Rodríguez Silver, viceministra administrativa y financiera, mediante un proceso de compra dirigido a la adquisición de un producto exclusivo bajo la falsa afirmación que dicho proveedor tenía licencia exclusiva”, escribió la Procuraduría.
Un caso parecido ocurrió con el medicamento Recormon Vial Multidosis, cuyo contrato fue entregado a la mencionada compañía por un valor de 57 millones de pesos, a pesar de no ser la importadora autorizada para comercializar este producto en el país.
Otro aspecto subrayado en la orden de allanamiento es que esta General Medical Solutions tiene nueve procesos registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) que en total tienen un valor asignado de RD$213,375,462.
Durante una rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Medina deploró que la manera en que fueron apresados los imputados, expresando su indignación frente a la situación señalando que “es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada”.
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