EL AUTOR es político. Reside en Miami.
Los sectores políticos y económicos de la República Dominicana, conocen muy bien la forma de realizar pactos cuando sus intereses están siendo cuestionados o amenazados.
Lo cierto es que un pacto (en latín: pactum) es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre las partes, el cual establece una obediencia a cumplir establecidos en un contrato formal y en el que las partes se comprometen a ejecutar acciones.
Durante el último periodo del gobierno de Joaquín Balaguer, con la Iglesia católica sirviendo de intermediaria, se pusieron en marcha los famosos pactos políticos, los cuales impulsaron compromisos para impulsar la institucionalidad.
Siguiendo ese mismo método, fueron los nuevos discípulos de Balaguer, quienes durante los gobierno del PLD impulsaron esa modalidad, la cual tuvo mayores alcances, y permitieron la consolidación de políticas orientadas a consolidar los objetivos de gobierno del partido de Leonel y Danilo.
El famoso pacto de las corbatas azules, permitió modificar la constitución así como constituir la integración de las altas cortes dominicanas, mientras que el presidente Danilo Medina definió como prioridades de su gobierno el pacto por la educación, la electricidad y los impuestos.
El pacto de los impuestos o primer pacto fue el de la reforma tributaria, que decidió aumentar en 54 mil millones de pesos los ingresos del gobierno en el año 2013, y en casi igual proporción, cada año, hasta el 2016.
En los últimos anos del gobierno de Danilo se ha insistido con la necesidad de un pacto fiscal debido a que el comportamiento de la economía lo ha arrastrado a un déficit permanente.
El pacto por la educación ha evidenciado la falta de voluntad y consenso para poner de acuerdo al sector privado y al gobierno en adelantar la formación de recursos y mejorar la calidad de la educación.
El pacto del sector eléctrico ha demostrado que el gobierno no tiene claras las ideas, de cómo encaminar su proyecto de estabilización del sector eléctrico y le falta coherencia, y recursos.
En los últimos años la lucha contra la corrupción ha sido un punto de encuentro de los más amplios sectores sociales, impulsando grandes manifestaciones, populares las cuales han denunciado el alto grado de corrupción que prevalece en las instituciones públicas.
Sin embargo los actores políticos partidarios, que tradicionalmente han estado dirigiendo los destinos del país, no le han prestado la atención debida, y mucho menos cuestionan la corrupción y la impunidad.
Es en este aspecto que considero el hecho de que si en realidad todos sabemos el nivel de rechazo que existe en la población a la corrupción y la impunidad que ésta genera, éste es el momento más oportuno para impulsar acciones dirigidas a la firma de un pacto contra la corrupción y la impunidad, a favor de la ética y la transparencia.
Para garantizar el progreso y el respeto a la institucionalidad, es fundamental impulsar, en un momento como este caracterizado por una fuerte presión ciudadana, una mesa de diálogo de la cual deberán formar parte de la misma los distintos líderes políticos, religiosos, empresariales y sociales.
No cabe duda que el momento político, social y electoral, que vive la República Dominicana, es la mejor oportunidad de una discusión seria, responsable y conducente que establezca un compromiso formal contra la corrupción e impunidad, debido a que muchos dirigentes políticos tradicionales, sólo en el discurso pregonan el rechazo a la corrupción, pero su práctica lo compromete con ella.
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