SANTO DOMINGO (EFE).- El movimiento Participación Ciudadana presentó este miércoles un balance del año 2019 en República Dominicana, donde destacó la corrupción, la impunidad, el empoderamiento cívico, la presión mediática y un predominio casi absoluto de los temas políticos electorales.
El informe de la organización no partidista resalta en su primer acápite, la aprobación de la Ley de Partidos y la de Régimen Electoral en el mes febrero, que “envolvió al país en constantes discusiones y preparativos para la celebración de las primarias del 6 de octubre”.
Según Participación Ciudadana (PC), al término del año, sigue dominando la incertidumbre sobre el cumplimiento de estos decretos y las posibilidades de que la democracia salga fortalecida en los comicios de febrero y mayo del 2020.
Entre los elementos positivos en el ámbito político institucional, la organización valoró las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en las citadas leyes, tales como las reservas de candidaturas, el voto de arrastre, el método de elección de los candidatos y la negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas.
En todos estos casos, PC considera que las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos, “medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral”.
Asimismo, PC favoreció “la creciente presión ciudadana y de la prensa nacional conveniente para el mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país”.
Respecto a lo anterior, puso como ejemplo las demandas por unas elecciones limpias, equitativas y transparentes por parte de la ciudadanía, presiones “que impidieron que se introdujera una nueva reforma constitucional con el objetivo de repostular al Presidente Danilo Medina Sánchez”.
Señala PC que, con vistas a las venideras elecciones, han surgido varios grupos y propuestas que propugnan por un cambio en la cultura del abuso de los recursos públicos a favor del continuismo, el fraude y la violación de las leyes.
Lo negativo del año en resumen:
Además de los intentos de modificación constitucional para la repostulación presidencial de Medina, PC tildó como perjudiciales las limitaciones al voto dominicano en el exterior, el proselitismo a destiempo y una precampaña desigual.
En el mismo orden citó el patrocinio del Estado en favor del precandidato del presidente, Gonzalo Castillo, el despilfarro en las primarias; las denuncias de fraude electoral y la desconfianza de todos los sectores en la Junta Central Electoral (JCE).
Corrupción e impunidad:
De acuerdo a PC, la corrupción sin castigo sigue siendo la norma en el 2019, pues ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, mientras el Ministerio Público, y en especial la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA) no cumplen con su responsabilidad de investigar y perseguir “las innumerables denuncias y evidencias que son de conocimiento público”.
Asimismo, PC hace referencia a la ineficacia de la Cámara de Cuentas, órgano creado para auditar las cuentas públicas y “que no ha generado ningún avance en la detección y persecución de la corrupción”.
En esa misma lid, cita el caso de la constructora Odebrecht y sus sobornados “Codinomes” como el “escándalo más significativo” del 2019.
De igual forma, PC expone la sobrevaluación en la construcción de hospitales públicos, como las del José María Cabral y Báez de Santiago y Luis Eduardo Aybar en Santo Domingo, que comenzó con una licitación de 699 millones de pesos y ya asciende los 14,522 millones.
PC cita además, el nepotismo en las instituciones públicas como la licitación de Compañía de Seguridad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) del 20 de mayo del presente año, o el fideicomiso Ciudad del Sol del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en Punta Cana.
El balance también hace referencia a la denuncia del periodista Marino Zapete sobre la firma de contratos de grado a grado por un monto superior a mil millones de pesos entre el entonces Ministro del MOPC, Gonzalo Castillo y la hermana del Procurador General de la República, quien además es empleada de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado (OISOE)·
Contra el referido Ministerio, PC cita además la asignación grado a grado de otro contrato de hormigón asfáltico caliente a varias empresas por un monto de 11,500 mil millones, cinco meses previo a las primarias que favorecieron a Castillo con la candidatura presidencial.
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