Elizabeth Silverio. (Foto: Fuente externa)
SANTO DOMINGO.- Además del Estado Dominicano, representado por el Ministerio de Salud Pública, otras 13 personas se querellaron contra Elizabeth Silverio por considerarse estafados por la “neurocientífica.”
En la solicitud de apertura a juicio presentado por las fiscales Magalys Sánchez Guzmán y Laura Vargas Toledo, del Departamento de Investigación, Litigación Estratégicas y Acción Constitucionales, se detallan los siguientes querellantes
Samanta Yalibifer Moquete Duval Yokasta Lisbette Cuesta Javier, Yeimi Duran Rodríguez, Germaine Denice Russell Martínez, Milicet Chantal Abreu Beato, Flor Altagracia Alcántara Hidalgo, Jesús Manuel de Oleo Guerrero, Reginaldo Alcántara Betances,. Clorflor Luna Rodríguez, José Ignacio Encarnación Batista, Brenda Estefanía Mejía Marte, Pamela Milagros Sánchez Gómez y Basilia Ortiz Núñez,
La Fiscalía también presenta en la formal acusación contra la imputada más de 150 pruebas testimoniales, documentales y periciales.
Silverio fungía como directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas (Kogland) donde supuestamente ejercía la medicina con títulos falsos.
Elizabeth Silverio impartía clase a niños Trastornos del Espectro Autista (TEA) a través de Kogland, donde usurpaba la función de médico.
La fiscalía depositó formal acusación y solicitó auto de apertura a juicio de fondo contra la involucrada.
Según el órgano acusador, la imputada engañó, estafó e hizo creer a los padres de los niños, que era profesional de la salud, diciendo y presentándose como médico, haciendo uso de documentos falsos, como son los títulos en los que sustentaba su supuesta capacidad y especialidad en medicina.
Se le acusa de violar los tipos penales previstos y sancionados en los artículos 147, 148 y 405 delCódigo Penal Dominicano y los 92, 93 y 156 numeral 7 de al Ley 42-01 ley general de Salud.
También el artículo 12 de la Ley 36-03, del Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y el artículo 62 de la Ley General de Educación, 66-97.
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