EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
Es posible que el noventa por ciento de los dominicanos no recuerde ya cómo se fueron gestando los problemas alrededor del proceso electoral de 1994 que vinieron a culminar con el estallido de uno de los episodios más sombríos para la democracia de nuestro país en muchas décadas.
La crisis de aquel proceso, que estuvo a punto de embarcarnos en un conflicto de gran calado, no cayó del cielo ni fue obra de un solo día ni de un solo problema ni un solo hombre, y ni siquiera de una sola situación.
Más bien fue obra de una sola componenda, cuyo designio era evitar a toda costa que José Francisco Peña Gómez, entonces líder verdadero de un verdadero Partido Revolucionario Dominicano—no de una entelequia propicia para armar negocios particulares—llegase a la Presidencia de la República.
Y la componenda tenía que articularse en la Junta Central Electoral, cuya composición entonces daba la medida de todas las travesuras posibles, a pesar de estar presidida por un hombre de reconocida probidad profesional y personal, el doctor Manuel Rafael García Lizardo.
¿Cómo se movían las cuestiones al interior de la Junta? García Lizardo era rey pero no reinaba. El grueso de las responsabilidades dirigidas a poner en marcha la trama lo llevaba el doctor Leonardo Matos Berrido.
¿Dónde está el parecido entre 1994 y el momento que estamos viviendo? Lo explico.
En aquella urdimbre, la JCE mantuvo la actitud de negar todos los pedimentos de la oposición, sin importar la pertinencia de los mismos, pues al parecer formaba parte del tinglado, con la agravante de que no se preocupaba por ocultarlo.
¿Estamos en presencia de algo similar? No lo sabemos. Pero sí estamos conscientes de que el accionar de la composición actual de la Junta pudiera empujarnos a situaciones lamentables, desde el momento en que deja la impresión de que trabaja para beneficiar a uno de los actores—siempre el Gobierno—al empecinarse en atender sólo a los criterios del oficialismo.
Su última evidencia ha sido el cambio de su propio criterio para asignar las casillas de los partidos en la boleta electoral, contraviniendo una decisión anterior que se basó en la aplicación de un elementalísimo promedio de resultados en los tres niveles de elección donde el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) obtuvo más de 270,000 votos sobre el PRD.
Si en 1994 la JCE jugó a favor de la determinación del presidente Joaquín Balaguer de cerrarle el paso a Peña Gómez, en la actualidad parecería operar para beneficiar la fijación mental del presidente Danilo Medina contra Leonel Fernández, y de paso sepultar su propio prestigio. El Gobierno maquina y la JCE complace.
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